martes, 10 de junio de 2014

El futuro de la administración pública en su relación con la denominada “administración electrónica”.



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La Administración electronica

El Portal de la Administración electrònica

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) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno («BOE» núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, páginas 97922 a 97952).



APUNTE SOBRE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. Autor. Francisco Sánchez Moretón, Secretario-Interventor del Servicio Jurídico de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Salamanca.

            1. Introducción. En el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 295 de 10/12/2013, se publica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LETAI).
            De acuerdo a lo dispuesto en la Disposición final novena de esta Ley, su entrada en vigor se producirá conforme a las siguientes reglas:
q  Las disposiciones previstas en el Título II (Buen gobierno) entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.   
q  Las disposiciones previstas en los Títulos I (Transparencia en la actividad pública) y III (Consejo de Transparencia y Buen gobierno) entrarán en vigor al año de su publicación en el BOE.
q  Las disposiciones adicionales (ocho) y finales (nueve), como no tienen expresamente fijada su entrada en vigor en la Disposición final novena, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.1 del Código Civil entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.
Establece, no obstante, esta Disposición que los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley[1], que, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 1, tiene por objeto:
Ø  Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública de la Administración, suministrando información sobre la misma (publicidad activa) y garantizando el derecho de acceso a esta información.
Ø  Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Por otra parte, conforme a su artículo 2.1 a) el ámbito subjetivo de aplicación de la misma se extiende, entre otras Administraciones, entidades, organismos etc., a la Administración Local.
A causa de ello, en esta Nota nos remitiremos brevemente a hacer un primer y somero examen de esta norma haciendo hincapié en el contenido más relevante de la misma que pudiera revestir interés para los Ayuntamientos, nuestros destinatarios. A tal fin, como parece lógico, analizaremos en primer lugar el Título II, por haber entrado en vigor.  

2. Buen gobierno. (Título II, artículos 25 a 32 de la LETAI)
Se parte de definir en el artículo 26 los principios éticos, denominados por este precepto de buen gobierno y divididos en generales y de actuación, que deben observar en el ejercicio de sus funciones las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este Título.
Ámbito de aplicación que se fija en el precedente artículo 25 de la LETAI, y en el que, por lo que respecta a las Entidades Locales, incluye a los altos cargos o asimilados que de acuerdo con la normativa local aplicable tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.
Y para cumplir el anterior objetivo, la LETAI consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos:
v  Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses (artículo 27 de la LETAI). Incumplimiento de normas sobre incompatibilidades y las reguladoras de las declaraciones que deben efectuar los altos cargos locales o asimilados. Para la sanción de estas infracciones se remite en el caso de la Administración Local a la normativa que resulte de aplicación.
v  Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria (artículo 28 de la LETAI). Consideradas todas ellas[2] como muy graves
v  Infracciones disciplinarias (artículo 29 de la LETAI). Divididas en muy graves, graves y leves.
La comisión de las infracciones previstas en estos dos últimos artículos dará lugar, para cada una de ellas, a la imposición de las sanciones contempladas en el artículo 30 de la LETAI. En este mismo precepto se determinan los criterios de graduación de estas sanciones. Igualmente se indica que, cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito, la Administración pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos absteniéndose de seguir el procedimiento hasta que la autoridad judicial se pronuncie al respecto. Y, de la misma forma, cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial, procederá darse cuenta de éstos a la Administración competente para instruir el correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de aquél[3]. 
Por lo que respecta al procedimiento sancionador, así como el órgano competente para ordenar la incoación del mismo e imponer la sanción, se contempla en el artículo 31 de la LETAI. En el caso de la Administración Local, cuando los posibles responsables sean altos cargos o asimilados a su servicio, la orden de incoación del procedimiento se dará por los órganos que tengan atribuidas estas funciones de acuerdo al régimen disciplinario propio de las Entidades Locales. Y, en cuanto a la imposición de sanciones, serán estos mismos órganos o, en su caso, el Pleno o la Junta de Gobierno de la Entidad Local que se trate.
Por último, el plazo de prescripción de las infracciones muy graves, graves y leves previstas en este Título II será el recogido en el artículo 32 de la LETAI.
Parece que con lo dispuesto en este Título II lo que se busca es “que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y sobre todo de responsabilidad” y para ello se toman las medidas sancionadoras que hemos visto.
En lo que atañe a la Administración Local, sin embargo, vemos que esta plausible intención puede presentar dificultades de aplicación en la práctica, principalmente por las siguientes razones que apuntamos:
- Es difícil concretar quien tiene la condición de alto cargo o asimilado en esta Administración, pues, como vimos, por la LETAI se hace una remisión a tal efecto a la normativa local. En esta normativa no existe disposición alguna que permita definir con precisión que ha de entenderse por alto cargo o asimilado. No obstante, de la legislación básica del Estado podemos deducir que podría incluirse en este concepto a:
Ø  Los representantes locales (Concejales), incluidos los miembros no electos de las Juntas de Gobierno Local[4].
Ø  Personal directivo. Previsto en el artículo 13 del EBEP, pero sin desarrollo en la Administración Local, salvo en el caso de los municipios de gran población del Título X de la LBRL. En este régimen, el artículo 130 de la LBRL establece cual es este personal, entre el que se encuentra el titular de la asesoría jurídica, el Secretario General del Pleno y el Interventor General Municipal. En el caso de los pequeños y medianos ayuntamientos parece claro que el Secretario y el Interventor o Secretario-Interventor podrían considerarse alto cargo o asimilado. Basamos esta apreciación entre otros motivos en que precisamente con motivo del cargo que desempeñan pueden llegar a ser culpables de algunas infracciones tipificadas en El Titulo II de la LETAI[5].     
- En relación con los cargos electos, el régimen sancionador contenido en el Título II de la LETAI, no podrá afectar en ningún caso a la condición que ostenten, es decir no podrá dar lugar a la separación de estos cargos.
- Igualmente, en relación a estos mismos cargos electos, al menos en lo tocante al Alcalde, miembro de la Corporación de mayor relevancia[6], la LETAI  prevé que le pueda iniciar procedimiento sancionador y finalmente sancionar el Pleno. Sin embargo, no debe olvidarse que la presidencia del órgano plenario municipal corresponde a este Alcalde, así como la formación del orden del día y convocatoria de sus sesiones[7]. 
- Tampoco está claro en relación con las infracciones derivadas del incumplimiento de incompatibilidades y formulación de declaraciones cual sea la normativa en el ámbito local que las tipifique y sancione.
- Lo que sí parece cierto, por último, y constituye motivo de reflexión es que, además de a los cargos representativos, también a los altos cargos que puedan ser funcionarios (Interventores y Secretarios-Interventores) se les aplica un nuevo régimen de infracciones y sanciones en el importante campo de la gestión económico-presupuestaria que sin duda deberá ser tenido en cuenta por sus destinatarios. En lo que respecta a las infracciones disciplinarias, es materia que se aplicará de nuevo a los cargos representativos. A los funcionarios las infracciones muy graves contenidas en el artículo 29.1 de la LETAI ya les resultaban aplicables, pues (junto con otras) (junto con otras) se recogen en el artículo 95 del EBEP. En lo tocante a las graves, leves y sanciones, en nuestra opinión primará ahora lo dispuesto en los artículos 29.2 y 3 de la LETAI, sin perjuicio de otras posibles infracciones y sus sanciones que ya resulten de aplicación conforme a lo dispuesto en los artículos 95.3 y 4 y 96 del EBEP.[8]   

3. Transparencia de la Administración Pública (Titulo I, artículos 2 a 24 de la LTAI).
3.1 ámbito subjetivo de aplicación (Capítulo I)
El artículo 2.1 de la LETAI contiene una extensa relación de entidades, órganos y organismos a quienes resultarán de aplicación las disposiciones del Título I de esta Ley, entre las que, en relación con el ámbito local, se encuentran:
v  Las Administraciones Públicas y dentro entre ellas las entidades que componen la Administración Local[9].
v  Los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles (con capital participado local superior al 50%) y fundaciones, todas ellas del sector público local.
Además, según el artículo 3 b) de la LETAI las citadas disposiciones igualmente resultarán de aplicación a las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000€ o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que (éstas) alcancen como mínimo la cantidad de 5.000€.  
Por último, de acuerdo al artículo 4 de la LETAI, previo requerimiento, vendrán obligadas a suministrar a la Administración Local, sus organismos etc. toda la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia recogidas en el Título I de esta Ley, las siguientes personas físicas o jurídicas, distintas de las anteriores pero vinculadas con ellas:  
Ø  Las que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas.
Ø  Los adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos previstos en el respectivo contrato[10].

3.2 Publicidad activa  (Capítulo II)
Se trata esta clase de publicidad de una serie de obligaciones para que los sujetos contemplados en el epígrafe anterior difundan determinada información sin esperar una solicitud concreta de los administrados. Es decir lo hagan de “motu propio”.
Los principios generales en que ha de basarse esta publicidad activa de las Entidades Locales, sus organismos etc., vienen recogidos en el artículo 5 de la LTAI, y en resumen son:
·         Se publicará la información relevante para garantizar la transparencia de la actividad y funciones de estas entidades etc. y permitir su control. Esta publicación deberá hacerse de forma periódica y actualizada[11].        
·         El régimen de obligaciones de transparencia regulado en la LTAI es de carácter mínimo; por ello es susceptible de ser mejorado por uno más amplio que pudiera establecer la normativa autonómica.
·         La difusión de la información sujeta a obligaciones de transparencia deberá hacerse en las correspondientes sedes electrónicas o páginas Web de la entidad etc. de que se trate de manera clara, estructurada y entendible para los interesados[12]; su acceso será fácil, comprensible (en formato adecuado) y gratuito, así como estará a disposición de las personas con discapacidad[13]
·         Por último, a esta clase de publicidad le serán de aplicación los límites, para el derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 de la LTAI y, especialmente, el también límite derivado de la protección de datos de carácter personal que se recoge en el artículo 15 de la misma. En este último caso, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad solo se llevará a cabo una vez disociados (retirados) éstos.
La información a difundir es la siguiente:
v  Información institucional, organizativa y de planificación (artículo 6 LTAI). Relativa a las funciones que desarrolla la Entidad Local etc., la normativa que le resulta de aplicación así como su estructura etc.
v  Información de relevancia jurídica (artículo 7 LTAI). Relativa a instrucciones, acuerdos, circulares, respuestas a consultas planteadas, proyectos de Reglamentos y Ordenanzas etc.
v  Información económica, presupuestaria y estadística (artículo 8 LTAI). Los contratos y convenios suscritos; subvenciones y ayudas públicas concedidas; presupuestos, cuentas anuales, retribuciones anuales percibidas por miembros corporativos; resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad de funcionarios públicos; declaraciones anuales de bienes de los representantes locales; información estadística precisa para conocer el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos; la relación de bienes inmuebles de su propiedad, así como derechos reales sobre ellos etc. 
 3.3 Derecho de acceso a la información pública (Capítulo III)
    
- Ámbito subjetivo de este derecho (artículo 12 de la LTAI)
Determina este precepto con carácter universal, al extenderlo “a todas las personas”, el derecho de acceso a la información pública de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 b) de la Constitución Española y a las previsiones de la propia Ley.
En consecuencia, asistirá el mismo a las personas físicas sin importar su nacionalidad, vecindad en el término municipal o si ostentan la condición de interesados[14]. Y parece que debería interpretarse que se extiende también a las personas jurídicas. 
- Ámbito objetivo de este derecho (artículo 14 de la LTAI)
Se extiende en este precepto al concepto de “información pública” que se refiere a todos aquellos contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de las Entidades Locales etc. y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Como vemos, la información pública a la que ahora es posible acceder de resultas de esta Ley es más amplía que la que permitían, en su antigua redacción, los artículos 35 h) y 37.1 de la LRJAPyPAC, ceñida a los registros y documentos que formando parte de un expediente obren en los archivos administrativos, siempre que correspondan a procedimientos terminados a la fecha de la solicitud[15]. Además se extiende esta información a toda la que disponga la entidad u organismo de que se trate, no solo la de su propia elaboración.    
- Limites al derecho de acceso
Los derechos, de acuerdo a lo indicado por el Tribunal Constitucional, no tienen carácter absoluto, debido a encontrarse limitados por otros igualmente merecedores de tutela.
Por ello, en el artículo 14 de la LTAI se recogen los límites del  derecho de acceso a la información, justificados en que produzca un perjuicio para otros intereses más protegibles en materias tales como: la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; política económica y monetaria, entre otras.
Por otra parte, de acuerdo a este precepto, la aplicación de los límites contenidos en él y, en consecuencia, el impedimento del acceso, solo será justificado y proporcionado a su objeto y finalidad de protección cuando, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, no sea posible apreciar la concurrencia de un interés público o privado que justifique el acceso. O lo que es lo mismo, habrán de ponderarse los intereses en juego, el de la transparencia y el del perjuicio que se le irroga a las materias excepcionadas, en caso de que prevalezca este último podrá denegarse el acceso a la información.  
-       Protección de datos personales.
Otro límite para el derecho de acceso a la información pública lo constituye el que esta información pueda contener datos personales.[16]
En este aspecto el artículo 15 de la LTAI brevemente establece las siguientes pautas:
a) Datos especialmente protegidos o asimilados (apartado 1).
Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a que se refiere el artículo 7.2 de la LOPD, referentes a la ideología, afiliación sindical, religión o creencias de las personas, el acceso solamente se podrá autorizar en el caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado, a menos que éste hubiera hecho públicos estos datos antes de la solicitud del acceso.
Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a que se refiere el artículo 7.3 de la LOPD, referentes al origen racial, a la salud, a la vida sexual de las personas o aquellos otros datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública al infractor, el acceso solamente se podrá autorizar en el caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado, o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley.
b) Datos identificativos (apartado 2).
Con carácter general se concederá el acceso a la información que contenga datos de esta clase relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano[17], salvo que en el caso concreto prevalezca sobre el interés público de la información la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos.
c) Datos personales no especialmente protegidos (apartado 3)
Nos encontramos en este apartado con la regulación del acceso a la información pública que contenga datos de carácter personal que no sean especialmente protegidos; es decir, ante el régimen general de protección de estos datos.  
En este caso, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada entre el interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de de datos de carácter personal. Estableciéndose a continuación en este apartado, para la realización de esta ponderación, una serie de criterios que particularmente habrán de tomarse en consideración[18] y entre los que destacamos:
v  El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos meramente identificativos de éstos.
v  La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad, o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.[19]   
Por último, como parece lógico, se indica en el apartado 4 de este precepto que lo establecido en los apartados anteriores no será de aplicación cuando el acceso se efectúa previa disociación de datos de carácter personal[20] de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. Igualmente es lógico que, como prevé el apartado 5 siguiente, la protección del acceso a la información con datos personales se extienda al tratamiento posterior que de éstos pudiera hacerse.
- Acceso parcial (artículo 16 LTAI).
  En los supuestos en que algunos de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá una acceso parcial a lo no afectado, salvo que de ello resulte una información distorsionada o carente de sentido; en este caso deberá indicarse al solicitante que parte de la información se ha omitido.
► Es importante reseñar, por último, que el anterior régimen general previsto para el derecho a la información pública en los artículos de la Sección 1ª del Capítulo III de la LTAI consideramos que en sus líneas general resultará  aplicable ya en este momento. Como dijimos la Disposición adicional octava de esta Ley[21] ha modificado el artículo 37 de la LRJAPyPAC, determinando que el acceso de los ciudadanos a la información pública, archivos y registros se ejerza en los términos y con las condiciones establecidas en esta LTAI.   
- Ejercicio del derecho de acceso a la información pública (artículos 17 a 24 de la LTAI).
Opinión distinta nos merece la entrada en vigor del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información contenido en la Sección 2ª de la LTAI, que consideramos habrá de producirse a partir del 10/12/14, por lo que hasta ese momento habrá de seguirse en esta materia el procedimiento administrativo genérico contemplado en los artículos 35,37,43 y 44 de la LRJAPyPAC, resultando el plazo máximo para resolver las solicitudes de acceso a la información pública el de tres meses, y el sentido del silencio, sino existe resolución expresa, afirmativo.
Por este motivo, simplemente nos remitimos en este momento a dar únicamente unas breves pinceladas acerca de este procedimiento que se regula en los antedichos artículos.
v  Se iniciará el procedimiento por solicitud dirigida al titular del órgano que posea la información. Solicitud que deberá contener entre otros extremos la identidad del solicitante y la información solicitada. El peticionario no está obligado a motivar su solicitud[22]; en consecuencia esta ausencia no puede ser motivo de que sea rechazada (artículo 17)
v  Podrán ser inadmitidas a trámite las solicitudes por las causas que se contemplan en el artículo 18 de la LTAI[23].
v  El artículo 19, versa sobre la tramitación del expediente antes de su resolución que se recoge en el artículo 20 siguiente. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, resultando posible ampliar este término por otro mes si el volumen o complejidad de la información que solicitada lo hicieran preciso. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado la resolución el sentido del silencio debe entenderse desestimatorio.
v  Frente a las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información podrá interponerse la reclamación prevista en el artículo 24 de la LTAI ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. La tramitación de esta reclamación, que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la LTAI, tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la LRJAPyPAC.
v  A fin de integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos, el artículo 21.1 de la LTAI establece la obligación de que por las Administraciones Públicas (Entidades Locales) se establezcan los correspondientes sistemas (unidades de información). Y el artículo 22, por su parte, preceptúa que el acceso a la información se realice preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio.
Por último, decir que en la Disposición adicional primera 2 y 3 de la LETAI, se establece que se regirán por su normativa específica y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan un régimen jurídico específico de acceso a la información. En el caso de las Entidades Locales nos encontramos en este sentido con el acceso a la información ambiental[24] y, especialmente el acceso a la información de los miembros corporativos regulado en los artículos 77 de la LBRL, así como 14 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
En Salamanca enero de 2014
El Secretario-Interventor del Servicio
Jurídico de Asistencia a Municipios




[1] No alcanzamos a comprender como no se ha hecho coincidir este plazo con el de la entrada en vigor de los Títulos y Disposiciones de esta LETAI (en particular de los Títulos I y III), pues no parece lógico que vigente una Ley a la Administración que ha de aplicarla se le permita no estar adaptada para hacerlo.

[2] Varias derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPS)
[3] No se considerará norma especial la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), en relación con las infracciones en materia económico-presupuestaria (artículo 28 LETAI). Resultando posible tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial (contenido en los artículos 176 y siguientes de la LGP) simultáneamente al procedimiento sancionador.
[4] Artículos 75. 7 y 8 y 126.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL).
[5] Dos muy claras: La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos etc. (apartado d) del artículo 28); la emisión de informes manifiestamente ilegales etc. cuando causen perjuicio a la Administración o los ciudadanos (apartado c del artículo 29.2).
[6] Y a quien vienen atribuida por el artículo 21.1 a) de la LBRL la competencia de sancionar al personal.
[7] Artículo 21.1 c) de la LBRL y 80.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF)
[8] Y artículo 97 de esta misma norma en cuanto a la prescripción de faltas y sanciones.
[9] Serán las contempladas en el apartado 1 (territoriales) y 2 (otras Entidades Locales) en el artículo 3 de la LBRL.
[10] Se desprende del contenido de este precepto una excesiva amplitud y falta de concreción susceptible de dar lugar a que  la Administración o entidad obligada por el mismo no cumpla, o lo haga deficientemente, su obligación de ser transparente. En particular, no se concreta, como hubiera sido preferible, cual ha de ser la información necesaria que ha de suministrarse; tampoco se regulan las consecuencias del incumplimiento de esta obligación; por último, en el caso de los contratistas se deja a la voluntad de las partes reflejada en el contrato el cumplimiento de la obligación de suministro de información que, como hemos visto, tiene carácter legal.
[11] De nuevo vuelve a producirse falta de la precisión debida en este precepto; no se establecen reglas para apreciar el grado de importancia de la información a publicar, tampoco se concretan de ningún modo los periodos en que debe hacerse.  
[12] En el caso de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural con presupuesto inferior a los 50.000€, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia podrá hacerse a través de los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración de que dependan la mayoría de las ayudas o subvenciones públicas recibidas.
[13] Principios de acceso universal y diseño para todos.    

[14] No obstante, en lo que se refiere a los procedimientos administrativos en curso, se mantiene lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRAPyPAC); por lo que es preciso ostentar la condición de interesado en los mismos para su consulta y obtener copia de los documentos que contengan. Y apostilla ahora la Disposición adicional primera 1 de la LETAI que será la normativa reguladora de cada procedimiento la aplicable al acceso, por parte de quienes tengan esta condición de interesados en los procedimientos administrativos en curso, a los documentos que integren el mismo.
[15] Por este motivo la Disposición adicional octava de la LETAI, procede a modificar el artículo 35 h), y el 37 de la LRJAPyPAC, en el sentido de ampliar el derecho de de acceso a la información, además de a los archivos y registros, a la información pública en general. 
[16] Tutelados  por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), que no obstante autoriza a una ley (como se trata de la LETAI), a que fije reglas para poder ceder o comunicar datos que figuren en la información pública que obre en poder de las entidades públicas. El artículo 3 a) de esta Ley Orgánica define a los datos de carácter personal como “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.
[17] Identificación de nombre y apellidos de corporativos, funcionarios, puestos que desempeñan, dirección, número de teléfono, correo electrónico de estos puestos etc.
[18] Por lo que además no se cierra la posibilidad de tomar en cuenta otros, de manera justificada.
[19] Que duda cabe que la ponderación caso por caso de los antedichos intereses en juego, no siempre fácil, si bien dará lugar a una proporcionalidad entre transparencia y seguridad de los datos personales, también podrá dificultar en muchos ocasiones la resolución administrativa de las peticiones de acceso a la información pública que se presenten. 
[20] Previsión que a nuestro juicio siempre que materialmente fuera posible debería llevarse a cabo por la entidad suministradora de la información.
[21] Que, según se apuntó, entro en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.
[22] Puede, sin embargo, hacerlo de manera voluntaria.
[23] Y que, dada su amplitud e importancia, consideramos que su aplicación en la práctica limitará o al menos podrá perfilar el ámbito y contorno del derecho de acceso a la información pública  (en concreto a la universalidad del mismo) previsto, como vimos, en el artículo 13 de la LTAI.

[24] Regulado en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (LAIMA)